Varios dirigentes opositores de Venezuela no podrán presentarse a cargos de alcaldes y gobernadores, después de que el Tribunal Supremo de Justicia ha ratificado las sanciones de inhabilitación política aplicadas por la Contraloría General (Fiscalía), informó el diario El País.
El máximo tribunal, tras varios meses de espera, sentenció que el contralor tiene pleno derecho para aplicar las sanciones previstas en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Contraloría, mediante las cuales se impide a las personas que han incurrido en irregularidades administrativas continuar en el ejercicio de cargos públicos.
A los castigados por estas faltas que habían sido elegidos por el voto popular se les permitió terminar sus mandatos, pero se les ha prohibido postularse para las elecciones de gobernadores y alcaldes que se realizarán el próximo 23 de noviembre. Los afectados sostienen que se trata de una maniobra política para dejar fuera a candidatos que tienen la opción de derrotar a los abanderados del Gobierno.
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